LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
El establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), ha tenido en Guatemala un impacto muy positivo para el Estado de Derecho[4].
Su presencia en el país ha sido invaluable y así es reconocido por la opinión pública guatemalteca[5]. Para ilustrar su importancia, podemos citar, entre otros, tres efectos fundamentales de su trabajo: a) la CICIG inicia un proceso para desactivar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad enquistados en el Estado de Guatemala; b) detecta la grave situación de la corrupción e impunidad en Guatemala e informa al respecto a la ciudadanía[6]; y c) propone y lidera un proceso de reforma constitucional (que fue luego desactivado y archivado en el Congreso de la República[7]).7
La lucha por la transparencia en Guatemala avanzó considerablemente con la presencia de la CICIG. El alto impacto del Caso La Línea (2015), ha provocado un conocimiento preciso de los altos niveles de corrupción en el Estado. Como lo afirma la CICIG, “el caso la Línea es amplio en su alcance, además de paradigmático, en cuanto mostró la forma de operar de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) dentro del Estado, esto es, mediante la utilización de ventajas y privilegios politicos –del más alto nivel- como base para diseñar una estructura paralela que se hizo del control de la administración tributaria y generó ganancias millonarias para todos sus integrantes en varias escalas incluyendo a los entonces Presidente y Vice Presidenta de la República, bajo un esquema de recepción de sobornos provenientes de la defraudación de impuestos[8].”
La CICIG ha demostrado con los diferentes casos judicializados, cómo se inicia el proceso de corrupción con sobornos individuales y cómo se alcanza a los partidos políticos – que hacen alianzas con el crimen organizado- , para controlar el presupuesto del Estado y de la obra pública. Los casos que la CICIG lleva a los tribunales, incluyen situaciones de financiamiento electoral ilícito. Es crucial aclarar estos casos para sanear y fortalecer los partidos y organizaciones políticas; dato esencial para la democracia.
Además, involucran al sector privado al más alto nivel; ponen de manifiesto la problemática de los altos costos de las campañas electorales y llaman la atención acerca de la necesidad de establecer un régimen equilibrado y transparente de financiación de las actividades de los partidos y organizaciones políticas.
El exhaustivo trabajo de la CICIG en este tema trajo como consecuencia que el Presidente Jimmy Morales, lanzara una campaña contra la CICIG y su comisionado Iván Velásquez. Ésta se inicia con la declaración de persona non grata a Iván Velásquez (agosto de 2017) y un año más tarde (agosto de 2018), se profundiza con el anuncio del Presidente de que su gobierno no renovará el mandato de la CICIG. Posteriormente se prohíbe el ingreso del comisionado Velásquez al país. Y a finales de 2018, se expulsa a 11 funcionarios clave de la CICIG. Ellos tienen relación con casos específicos, investigadores policiales, legales y financieros y algunos incluso con hijos y esposa o esposo guatemalteco.[9][10]
Ante las acciones penales por corrupción se esperaba una reacción violenta por parte de los funcionarios y otras personas investigadas[11].11 Así se suceden campañas de difamación en contra de jueces independientes, amenazas a los defensores de derechos humanos, asesinatos de dirigentes comunitarios, todo ello, dirigido a afectar la participación ciudadana. Paulatinamente, se presenta un deterioro en el respeto a los derechos humanos que se intensifica actualmente y posiblemente siga en aumento, si no se adoptan las medidas preventivas y correctivas necesarias.
Algunos analistas consideran que la gestión del Presidente Morales se desliza hacia un régimen autoritario[12]. Existe un irrespeto generalizado de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, que de persistir, podría acercarse al umbral de “ruptura del orden constitucional” que afecta el orden democrático.
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