LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA SEPARACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS 

La Independencia Judicial es quizá el principio democrático más afectado en los últimos años en Guatemala. Para llevar a cabo una lucha efectiva contra la impunidad y corrupción en Guatemala, es imprescindible contar con un Poder Judicial fuerte y con jueces imparciales e independientes. Desde la firma de la paz en Guatemala, se acordó que la independencia judicial debe ser promovida al más alto nivel, e incluso, se deben introducir las reformas constitucionales que garanticen a las y los jueces, un estatuto estable y confiable.

La Comisión Internacional de Juristas ha centrado parte de sus esfuerzos en la defensa de la independencia judicial en Centroamérica. En diferentes comunicados sobre Guatemala, ha asumido la defensa de las y los jueces de mayor riesgo como Miguel Ángel Gálvez, Yasmin Barrios, Ericka Aifán, Pablo Xitumul, Ángela Noemí Téllez Hernández, Carlos Giovanni Ruano Pineda, Haroldo Vásquez y Dinora Martínez, entre otros[13] , quienes han jugado un papel importante en la lucha contra la corrupcion y la impunidad. Las amenazas y campañas de difamación que han sufrido, las denuncias infundadas ante el Consejo de la Carrera Judicial, las solicitudes de antejuicio en su contra, han quedado registradas en los comunicados e informes de diferentes organizaciones no gubernamentales.[14][15]

La Corte de Constitucionalidad (CC) ha debido resolver múltiples recursos de amparo, relacionados con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), con la declaratoria de persona non grata del comisionado Velásquez, con la no prórroga del mandato de la CICIG, así como con la prohibición a dicho comisionado de ingresar al país. El 19 de septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Presidente Morales, a los Ministros de Gobernación y Defensa, así como al Director de la Policía Nacional Civil y a otras autoridades migratorias, que se abstengan de emitir y obedecer órdenes que impidan el ingreso a Guatemala del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.[16] El Presidente de la República ha expresado que no está obligado a acatar órdenes ilegales, oponiéndose a diferentes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.[17]

La Corte de Constitucionalidad ha emitido resoluciones a favor del respeto del Estado de Derecho y se ha constituido en una de las pocas instituciones gubernamentales (junto al Procurador de los Derechos Humanos y las y los jueces independientes), que ponen límites al ejercicio del poder público. Consideramos que, con sus resoluciones, la CC está obligando a diferentes funcionarios a ejercer el poder público con sujeción al Estado de Derecho.

Como reacción contra las acciones de la CC en defensa del Estado de Derecho, la Procuraduría General de la Nación presentó querella en contra de los tres magistrados de la CC que firmaron estas resoluciones. Si bien estos tres jueces son ampliamente reconocidos por su independencia e imparcialidad, se les ataca por medio de una querella judicial que transgrede normas del orden constitucional, así como los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura. Las presiones contra dichos magistrados han generado expresiones de preocupación de la comunidad internacional.[18]

Lamentablemente, las últimas resoluciones relacionadas con la CICIG, no han sido respetadas por el Presidente de la República y otros funcionarios y de esta forma, se está socavando el Estado de Derecho y la autoridad del Tribunal Constitucional.[19] El Presidente Morales ha calificado dichas resoluciones como ilegales y aducido que, por lo tanto, no está obligado a cumplirlas. De esta forma, ignora que dichas resoluciones vienen de un órgano jurisdiccional e irrespeta el principio de la División de Poderes. Además, vale la pena recordar que el principio que protege a funcionarios de no cumplir órdenes que resulten ilegales, es de carácter administrativo y en este caso, se trata de una resolución judicial, resoluciones que sólo pueden ser cuestionadas mediante la interposición de los recursos respectivos.

Al mismo tiempo, si bien diferentes asociaciones de jueces, ONGs y otros, se han pronunciado a favor del respeto a las y los jueces independientes, la situación es muy compleja y se debe reconocer que algunos jueces también son cómplices en sus resoluciones y cometen el delito de prevaricato. Algunos han sido considerados por la CICIG, como “jueces de la impunidad”[20] y utilizados por el poder público, para lograr impulsar acciones a favor de la impunidad y alcanzar beneficios personales. Ante este fenómeno, la CICIG ha iniciado un proceso de depuración del Sistema de Justicia.

Por ejemplo, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia tuvieron que apartarse de dicha corte y dos de ellos fueron ligados a proceso y se les dictó prisión preventiva. Una magistrada está siendo procesada y actualmente goza de medida sustitutiva, después de estar detenida por un año y ocho meses aproximadamente. No se permitió el acceso a la prensa en el Juzgado Décimo de Instancia Penal, en el que se desarrolló la audiencia de revisión de medida. La audiencia se llevó a cabo a puertas cerradas, lo cual es totalmente ilegal y contraviene el principio de “publicidad de los procesos penales”. El otro, fue beneficiado con arresto domiciliario.[21] Y el tercero aún no ha prestado su primera declaración.

De esta forma, podemos notar que la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector judicial es un fenómeno dual: por un lado, existen jueces

independientes e imparciales que actúan con independencia e imparcialidad y emiten resoluciones para hacer avanzar la lucha contra dichos fenómenos criminales; sin embargo, por el otro, el Poder Judicial sigue actuando con muy poca independencia e influenciado por los intereses personales de funcionarios públicos acusados de actos graves de corrupción. El caso mencionado con anterioridad de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, es uno de ellos; otros dos magistrados tuvieron que separarse de la Corte Suprema de Justicia, para enfrentar a la Justicia, por hechos relacionados con corrupción. Finalmente, la CICIG ha informado acerca de otros casos penales en contra de jueces y juezas.[22]